Papelón. Esa es la palabra que usó el concejal de Yerba Buena José Macome para definir la última disputa que lo tiene a él y a sus colegas como protagonistas. Sucede que, según su relato, el macrista Pedro Albornoz Piossek se niega a entregarle la documentación perteneciente a la comisión de Obras y Servicios Públicos del Concejo Deliberante de esa ciudad, que fue presidida por él durante 2017.

¿La razón? Tras el cambio de autoridades internas, Macome conduce ese grupo de trabajo. Pero su escritorio luce vacío. Como Albornoz Piossek no reconoce a los nuevos conductores, no ha traspasado los expedientes. “Se trata de documentos públicos. No puede secuestrarlos. Todo está retenido en su oficina”, añade Macome.

En su cruzada tiene compañía. El edil Rodolfo Aranda -quien reclamaba la banca desde 2016 y consiguió asumir en diciembre pasado, en la sesión que es deslegitimada por Albornoz Piossek- ha pedido públicamente que se tome algún tipo de acciones legales. “Se puede abrir una causa penal en su contra”, razona. También el actual presidente de ese cuerpo, el peronista Héctor Aguirre, le ha hecho reclamos, a través de dos notas en las que lo intima a que devuelva el papelerío.

Además, algunos empresarios inmobiliarios han avanzado en contra del Concejo, con intimaciones. “Si quieren apurar las cosas, presenten de nuevo sus carpetas. Por ahora, no tenemos otra solución para ofrecerles”. Esa es la respuesta que -cuenta Macome- les da a esas personas. Incluso la Cámara de Empresas de la Construcción Privada de Tucumán (Cecroprit) había reclamado “plazos mínimos para la evaluación y resolución de las propuestas”.

Actualmente, para la aprobación de una urbanización especial, sus titulares deben presentar la documentación técnica ante la intendencia. Si el proyecto obtiene un informe de factibilidad positiva, se le da intervención al Concejo. No obstante, los inversores no pueden iniciar su obra, en ninguna de las etapas, hasta que no se haya inmuscuído ese poder legislativo.

A decir de Albornoz Piossek, había unas 200 carpetas en su despacho. Por esas declaraciones, el otro macrista del cuerpo, Marcelo Rojas, lo acusa de haber obstaculizado el desarrollo. “Algunos emprendedores se fueron a otras ciudades porque aquí los trámites estaban paralizados. No emitió dictamen. Ni para aprobar, ni para desaprobar. Lo suyo fue una dejadez”, declara.

Se fijaron un límite

Para curarse a sí mismos, esa facción mayoritaria de ediles, que se completa con Javier Jantus y Walter Aráoz -camperista y justicialista, respectivamente- introdujo un artículo que modifica la ordenanza municipal referida a las urbanizaciones especiales. En concreto, fijaron que la intervención de ese órgano deba realizarse en un plazo de 60 días corridos. De ese modo, procuran darle celeridad, dentro de su seno, al trámite.

Una vez transcurrido ese intervalo, se considera agotada la fiscalización del Concejo. Además, cambiaron otro inciso, que indica sus incumbencias. Escribieron que ellos pueden expedirse sobre la integración del proyecto a la trama urbana existente, a las características socioculturales del entorno, a la planificación estratégica, a la fluidez del tránsito y al desarrollo sostenible, entre otros criterios.

Es decir, reservaron los aspectos técnicos para las oficinas del Ejecutivo local. “Ahí cuentan con suficientes profesionales. Nosotros debemos opinar sobre las cuestiones vecinales”, cree Macome.

Desde la vereda contraria, Albornoz Piossek -enfrentado al oficialismo gobernante- declara que él buscó priorizar los intereses de los pequeños inversores. Por el contrario, había acusado a Macome y a su compañero de banca, Rojas, de haberle requerido respuestas por un proyecto de grandes dimensiones, en particular. Maximiliano García -otro edil de esa facción opositora- dijo que los grandes intereses económicos, vinculados a la obra pública, habían avasallado esa institución.

Los primeros días de marzo, ellos junto a Benjamín Zelaya y Lucas Cerúsico estuvieron ausentes en una sesión. En esa ocasión, explicaron que aún se encontraba en trámite el juicio que habían iniciado para plantear la nulidad de aquel cónclave efectuado en diciembre, y todos los actos posteriores derivados del mismo.

Y esa es hoy -justamente- la cuestión de fondo en el enmarañado pleito del Concejo yerbabuenense. El viernes pasado, Aguirre, Macome, Rojas, Jantus Aráoz y Blanca Josefina Alvillos, secretaria del cuerpo legisferante, contestaron un pedido de informes que les había solicitado la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativa, presidida por el vocal Horacio Ricardo Castellanos.

Días antes, el camarista había rechazado una medida cautelar para que quedase sin efecto esa sesión del año pasado. El instrumento judicial había sido interpuesto por Albornoz Piossek, García, Zelaya y Cerúsico, quienes no dieron quórum en aquella ocasión.

A lo largo de 19 páginas, los firmantes le explicaron al camarista de qué recursos se valieron para sesionar; qué establece su reglamento interno; porqué tuvo que intervenir el Ejecutivo municipal y cómo Zelaya (el presidente en el período anterior) había intentado perpetuarse en el cargo -dijeron ellos-, entre otras argumentaciones.